NOTA Nº  221/04. 

Formosa,  15 de Junio de 2004.-

Al Excmo. Señor

Gobernador de la Provincia

Dr. Gildo Insfrán

Su Despacho

                                                                             Ref.: Promover observación Ley 1445, con                                                                              preferente despacho.

                                               Tenemos el honor de dirigirnos a S. E. en relación al texto de la Ley nº. 1445 recientemente sancionada y que fuera elevada al Poder Ejecutivo para supromulgación.

                                               Por dicha ley se aprueba como Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia el texto que fuera ordenado por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia, en cumplimiento del art.4º de la Ley 1.397.

                                               Esta ley dispuso adoptar para la Provincia de Formosa el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art.1º), con las reformas introducidas por la Ley 25.488, delegando el ordenamiento del texto en el Alto Tribunal.

                                               Al hacerlo, quienes trabajaron en su redacción, incurrieron en errores u omisiones, que consideramos importantes y deberían ser salvados, para no contradecir el propósito de tener un texto coincidente con el código nacional, de manera tal de contar como apoyo interpretativo a la doctrina y jurisprudencia nacionales.

                                               En una rápida revisión del texto, advertimos los siguientes errores u omisiones (son los mas destacados):

                                               - El texto ordenado por el Superior Tribunal de Justicia, en el art- 36 primera parte, mantuvo la palabra “podrán” de nuestro viejo Código (Ley 424) en vez de la expresión “deberán” del ordenamiento nacional, con lo que siguió siendo una facultad de los jueces lo que la reforma exigía sea una obligación. El error es de significativa importancia como que incide sobre el impulso procesal, permitiéndonos calificarlo de regresivo al mantener la vigencia de una norma que la Ley 1397 pretendiera reemplazar.

                                               - Las facultades de los secretarios, tampoco son coincidentes con el texto del código nacional, lo que demuestra que no se siguió con lo normado por el art.1 de la Ley 1397. Esta omisión, también reviste trascendencia, al no otorgar mayores facultades a los secretarios (por ejemplo: no pueden firmar mandamientos), lo que va en detrimento del mejor funcionamiento de los juzgados (cotejar los arts.38 del texto que ordenara el STJ y del Código Nacional).

                                               - La temeridad o malicia de las partes en el proceso, en el texto  ordenado por el Superior Tribunal de Justicia, se castiga con una multa de hasta 50 jus (aproxim. $.1750), mientras que el Código Nacional prevé un tope de $.50.000. No conocemos la razón de haberse apartado de la norma adoptada por la Ley 1397, pero es evidente que el monto previsto en el ordenamiento nacional, obra mejor como disuasivo de la temeridad o malicia, vulgarmente conocidos como “chicanas” procesales. (ver arts. 45).

                                               - El Artículo 139 del Código Nacional, tampoco fue incluído en el texto que ordenara el Superior Tribunal de Justicia. Trátase de una norma de gran importancia para preservar el buen nombre de las personas, injustificadamente omitida en el texto ordenado.

                                               - Tampoco entendemos la supresión o no incorporación del art.458 del Código Nacional, con lo que en materia de prueba pericial, en el ordenamiento del Superior Tribunal de Justicia, no es posible contar con los consultores técnicos, que prevé el Código Procesal de la Nación. Esto, de modo alguno, importa un avance sino, más bien, un retroceso.

                                               - Por último, una aprobación legislativa del texto ordenado, consideramos, además de las correcciones precedentes, debería contener un capítulo relacionado con la vía recursiva extraordinaria, que el texto ordenado por el Superior Tribunal de Justicia no lo pudo incluír, en razón de no adaptarse las normas procesales de la Nación a la Provincia, circunstancia que determina una mayor inseguridad procesal en los justiciables que deben ajustar los recursos extraordinarios locales a la jurisprudencia cambiante de los tribunales, carente de la estabilidad de las normas procesales.

                                               Es por ello Excmo. Señor Gobernador, y habiendo consultado con nuestro Instituto de Derecho Civil y Procesal Civil que solicitamos, quiera tener a bien contemplar la posibilidad de observar el texto sancionado de la Ley 1445, a efectos de que, previamente, se subsanen los errores y omisiones advertidos en el texto ordenado por el Superior Tribunal de Justicia y se salve la laguna relativa a los recursos extraordianrios, de modo que el texto que obtenga vigencia legislativa refleje adecuadamente la labor delegada por los  arts. 1º y  4º de la Ley 1397.

                                               Saludamos a S.E. con la mayor consideración y respeto.-

          Dr. Guilermo F. Evans                                 Dra. Adela D. Rojas                                    Dr. Sergio A. Martínez

Presidente Instituto de Derecho Civil                          Secretaria                                                             Presidente

         y Procesal Civil CPA                     Consejo Profesional de la Abogacía          Consejo Profesional de la Abogacía